DIGITAL ARGENTINA
 
Jurisprudencia
Autos:Oliva, Fabio O. c/Coma S.A. s/Despido
País:
Argentina
Tribunal:Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II
Fecha:17-05-2024 N° de Resolución: CNT 023403/2016/CA001
Cita Digital:ED-V-DCXX-517
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Sumario
  1. Corresponde modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el capital de condena que llevará los intereses aplicando la tasa CER más un interés puro del 6% anual de conformidad con los lineamiento de las Actas 2783 y 2784. (Voto de la mayoría).

  2. El presente el Superior Tribunal ha invocado en forma expresa lo dispuesto en el art. 771 CCCN -aunque sin hacerse cargo de la resolución emitida al respecto por la anterior Sala interviniente- y ha señalado que el porcentaje de incremento que deriva de la aplicación de las capitalizaciones dispuestas en el Acta 2764 CNAT arrojan un resultado "manifiestamente desproporcionado" y "exceden cualquier parámetro de ponderación razonable", lo que impone verificar en esta instancia el resultado económico al que se arribaría aplicando las pautas previstas en la última decisión reglamentaria dictada al respecto. (Del voto de la Dra. Andrea E. García Vior)

  3. Corresponde establecer que el capital de condena fijado por la Sala IX se le aplique lo sugerido mediante las Actas CNAT N° 2783 y 2784 y "adecuar los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago; disponer que la única capitalización del artículo 770 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación se produce a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual". (Del voto en disidencia del Dr. José A. Sudera)

  4. Entiendo que la resolución de la CSJN, que desestimó la validez de la interpretación realizada en el Acta CNAT n.° 2764 no sólo dejó sin efecto su aplicación en estos actuados, sino -aún cuando no haya existido agravio ni análisis ni resolución expresa al respecto- también, indefectible e ineludiblemente, el tope al resultado de la aplicación de aquélla (en concreto: la aplicación del índice RIPTE -según publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- más una tasa de interés anual del 7%). (Del voto en disidencia del Dr. José A. Sudera)

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II

Ciudad de Buenos Aires, 17 de mayo de 2024.- 

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente el Tribunal procede a expedirse de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Dra. Andrea E. García Vior dijo:

I- Llegan los autos a esta Sala, previo el pertinente sorteo, en virtud del pronunciamiento dictado en estos autos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 29/02/2024, en el que previo desestimar la vía extraordinaria para el tratamiento de las cuestiones de hecho y prueba que hacen al fondo del asunto, el Máximo Tribunal ordenó dejar sin efecto la sentencia de fecha 6/7/2023 dictada por la Sala IX de esta Cámara en cuanto allí se ordenó aplicar los intereses bancarios fijados en las Actas 2601, 2630 y 2658 CNAT mediante capitalizaciones periódicas (conf. Acta 2764 CNAT del 7/9/2022)

Sostuvo allí el Máximo Tribunal que "aun cuando lo atinente a los intereses  aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa, cabe apartarse de tal principio cuando la decisión cuestionada, amén de carecer de sustento legal, arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento (Fallos: 315:2558; 316:1972)" -considerando 4°-.

Así afirmó "Que la capitalización periódica y sucesiva ordenada con base en el acta 2764/2022 de la CNAT no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que el a quo dijo aplicar" y que "En la causa, la capitalización periódica y sucesiva de intereses ordenada derivó en un resultado económico desproporcionado"-considerando 5°-. Puntualizó en tal sentido que la capitalización periódica de intereses dispuesta representó en el caso a valores de noviembre de 2023, para un crédito originado en febrero de 2015 "un incremento del capital del 7745,30%. De tal manera, las acumulaciones de intereses cuestionadas implicaron multiplicar de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas y excedieron sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable (cfr. pauta del artículo 771 del mismo código)"-considerando 6°-.

En consecuencia, resolvió declarar parcialmente procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado, remitiendo los autos a esta instancia para que se emita nuevo pronunciamiento, adecuando la condena de autos a los lineamientos así expuestos.

II- Dados los límites a los que se halla ceñida la intervención de este Tribunal, se impone recordar aquí que en la sentencia de la Sala IX de fecha 6/7/23 se resolvió "Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el capital de condena a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.107.531,75.-), que llevará los intereses establecidos en el Considerando "XI" de la presente" y que en el mentado considerando lo que los distinguidos colega intervinientes establecieron fue algo más complejo que la mera aplicabilidad de las capitalizaciones periódicas previstas en el Acta 2764 CNAT.

En efecto, allí el Dr. Balestrini -voto al que adhiriera el Dr. Fera- sostuvo que: 1) no mantendría el criterio de aplicar dos veces la tasa de interés prevista en las Actas Nº 2601, 2630 o 2658, y ello en función del dictado del Fallo de la CSJN en autos "Garcia Javier Omar c/ UGOFE S.A. y otros s/ Daños y perjuicios" (Acc. Trán. c/ les. o muerte) de fecha 7 de marzo de 2023; 2) que juzgaba "equitativo a los fines de dirimir la cuestión bajo análisis, disponer que la suma diferida a condena llevará intereses desde que cada concepto que la integra es exigido y hasta el 30/11/2017, conforme las tasas previstas mediante las Actas CNAT 2357, 2601 y 2630 -cada una durante el período de su vigencia-, y desde el 1°/12/2017 hasta el efectivo pago conforme la tasa prevista mediante Acta CNAT 2658, con más la capitalización dispuesta por Acta Nro. 2764 CNAT, la que, sin perjuicio de que el crédito de autos es de origen anterior a fecha de entrada en vigencia del C.C.yC.N - 1/8/2015-, en atención a que la fecha de notificación del traslado de la demanda es posterior -15/6/2016, ver constancia de fs. 37/38 y vta.- y teniendo en cuenta el hito que fija la mencionada Acta 2764, ... dicha capitalización deberá realizarse a partir del 15/6/2016, con una periodicidad anual, todo ello hasta el momento de practicarse la liquidación prevista por el art. 132 de la L.O.; y 3) que "en atención al criterio mayoritario de este Tribunal expresado en oportunidad de dictar pronunciamiento en el EXPTE 3539/2019 "SOSA, CLAUDIO RAUL C/ DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A. S/DIFERENCIAS DE SALARIOS" S.D. del 29/12/22, corresponde disponer la aplicación al caso de lo normado por el art. 771 -primer párrafo- del Código Civil y Comercial de la Nación, en el marco del ejercicio de las facultades jurisdiccionales allí previstas, para el supuesto en que la aplicación de intereses dispuesta en el párrafo precedente arroje un resultado desproporcionado. A este último efecto, se establece como parámetro de referencia objetivo, la actualización valor  II histórico del capital de la condena mediante el índice RIPTE (según publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) más una tasa de interés anual del 7%. Ello implica que, si por la aplicación del acta N° 2764 en el caso, se superara el mencionado parámetro objetivo, se deberá considerar configurado el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación, habilitando de tal modo el ajuste del importe de la condena (en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O.) al resultado que se obtenga por aplicación de dicho parámetro".

Más allá de entender que el Superior Tribunal al descalificar la capitalización periódica de intereses prevista en el Acta 2764 de esta Cámara no ha tomado en consideración las disposiciones del art 768 del CCCN ni las reglamentaciones del BCRA en materia de operaciones bancarias -ver arg. art. 1398 CCCN- (desconsiderando otros posibles fundamentos de la decisión adoptada en Acuerdo General de fecha 7/9/22); y que al expedirse del modo en que lo ha hecho, ha dejado incólume no sólo lo decidido en cuanto al derecho de fondo, sino también la pauta de "morigeración" fijada en la sentencia atacada -sobre cuya procedencia o razonabilidad nada ha sostenido-, lo cierto es que al dejar sin efecto lo resuelto en materia de intereses, corresponde en esta segunda intervención dar tratamiento originario a la queja vertida por la parte actora al respecto al deducir agravios contra la sentencia de primera instancia.

De tal modo deviene abstracto el análisis de aspectos accesorios, como así también las cuestiones ventiladas con base en la sentencia impugnada en plena etapa ejecutoria (ver recurso de apelación concedido en los términos del art 105 inc. h LO con fecha 9/2/24), lo que nos impide analizar lo acontecido durante el trámite de ejecución -en el que justamente se debatiera la aplicación de los "parámetros de ponderación razonables" de cuya omisión o desconsideración hace mérito el Superior Tribunal en su considerando 6°-.

III- En la sentencia de primera instancia se fijaron los créditos derivados del distracto del 27/2/15 correspondiente al Sr. Fabian Oscar Oliva (con 23 períodos de antigüedad computable) en base al salario por él percibido en el mes de enero de 2015 en la suma de $ 2.049.282,42, la que en segunda instancia se elevó a $ 2.107.531,75.

En materia de accesorios se determinó allí la aplicación de las tasas dispuestas por esta Cámara en las Actas 2601, 2630 y 2658 desde que cada crédito se ha hecho exigible hasta su efectivo pago.

Contra tal decisorio la parte actora en sus agravios sostuvo que los intereses así dispuestos implicaban la licuación de su crédito, que conforme jurisprudencia del Máximo Tribunal éstos deben como mínimo compensar la postergación de consumos y privaciones a los que se vio sometido el acreedor laboral por el incumplimiento de la deudora, citó jurisprudencia al respecto, desarrolló la necesidad de recomponer el valor real del crédito reconocido, mediante datos numéricos concretos dejó en evidencia que la aplicación lineal de los intereses dispuestos en grado no lograban superar el aumento del índice de precios al consumidor nivel general (INDEC) verificado en los años corridos desde la mora, propuso distintas soluciones para obtener el equilibrio de las prestaciones y asimismo invocó la entonces reciente Acta 2764 de esta Cámara.

Al contestar dicho agravio, la accionada textualmente sostuvo "RESPONDE AL CUARTO AGRAVIO. La parte actora se agravia pues considera que «la aplicación de las tasas de interés impuestas por V.S. implican un detrimento del crédito de la actora.» en función del rebrote inflacionario y las condiciones económicas y sociales que afectan a nuestro país.- La cuestión deviene abstracta, a la luz de los recientes debates suscitados en las reuniones de acuerdo general de esta Cámara, con motivo de las pautas sugeridas en el Acta nº 2764 para analizar la adecuación de las tasas de interés hasta ahora aplicadas en el fuero".

IV- Ceñido entonces el planteo revisor propuesto por la parte actora a los términos anteriormente expuestos, forzoso resulta señalar que la total pérdida de significación económica del crédito reconocido por el paso del tiempo, en el caso se advierte con total evidencia.

En efecto, el crédito determinado en $ 2.107.531,75 a valores nominales del mes de febrero de 2015 equivalían por entonces a 446,89 salarios mínimo vitales y móviles ( smvm de $ 4.716 conf. Res CNESMVM 3/2014) y, aplicando los intereses fijados en la sentencia de primera instancia de manera lineal, a la fecha del pronunciamiento de Corte que motiva el presente (29/2/24) se arriba a la suma de $ 15.937.604,42 que apenas representa 88,54 salarios mínimos ( 88,54 x $ 180.000 -smvm al 29/2/24 conf. Res. CNESMVM 4/24).

Tal comparación, que no tiene en cuenta sanción por la mora ni la depreciación real de la moneda o la pérdida de equivalencia con la paridad cambiaria es por demás ilustrativa de la insuficiencia del método empleado en la instancia previa para conjurar siquiera mínimamente la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda ya que, en el caso, medido el crédito en pautas de mínima, la confiscatoriedad surge palmaria en tanto importaría una quita de más del 80% de lo que podría considerarse su mínima entidad.

V- Esta Cámara al advertir casos como este, frente al nominalismo declarado por ley y a la prohibición expresa de indexar, luego de proponer diversas soluciones particulares que pudieran llevar a resultados más equitativos, decidió -por mayoría- disponer la capitalización periódica de intereses bancarios. Tal decisión -adoptada en uso de facultades reglamentarias y en aras de unificar criterios y brindar seguridad jurídica- es la que ha sido descalificada por la Corte en este caso.

En función de ello, en reciente reunión de Acuerdo General de Cámara, mediante Acta 2783 se dispuso por unanimidad aplicar la tasa CER (coeficiente de estabilización de II referencia) fijada según las reglamentaciones de la autoridad bancaria, más un interés moratorio puro del 6% anual, ambos desde el origen del crédito hasta su efectivo pago con una única capitalización de intereses en los términos expuestos por la CSJN (conf. arg. art. 770 inciso b) CCCN) que sólo ha de operar respecto de los intereses moratorios.

Para arribar a dicho acuerdo -cuya resolución comparto- se ha considerado que en este caso el Máximo Tribunal volvió a recordar que "la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento... Si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados (Fallos: 315:2558; 316:1972; 319:351; 323:2562; 326:259, entre otros)....", por lo que se procuró del modo expuesto fijar un método que permita esa "ponderación objetiva de la realidad económica".

Como hasta ahora ni el legislador ni la Corte Suprema han brindado pautas claras u objetivas que puedan considerarse "de legítimo resarcimiento", se consideró que debía buscarse una forma de recomposición del capital histórico que tenga en cuenta la desvalorización de los créditos frente a la depreciación de la moneda y el flagelo incesante de la inflación, a la par que compense al acreedor por no haber podido hacer uso de su capital en hora propia y, asimismo, desaliente al deudor de persistir en su inconducta.

Efectuadas las compulsas y comparaciones pertinentes se evidenció que ninguna de las tasas bancarias publicadas por las entidades oficiales, aplicadas en forma lineal o recta (por simple sumatoria), arrojan resultados que reflejen el valor real del crédito reconocido teniendo en cuenta la capacidad que él tenía para la adquisición de bienes y servicios al tiempo de hacerse exigible, por lo que se descartó el recurso a la aplicación de tasas bancarias en forma simple (ya que en el precedente "García" -citado por la Sala IX en el fallo antes vinculado- la CSJN ya había prohibido su incrementación o duplicación) y se recurrió a la fórmula propuesta en el Acta 2783 (conforme pautas fijadas en el Acta 2784 del 20/3/24) a fin de obtener resultados económicos que, a valores de la fecha del pago, resulten medianamente justos y razonables para ambas partes en conflicto.

Es que la tasa real negativa está por debajo de la tasa de inflación. Por ello, no sólo no indemniza el daño moratorio, sino que tampoco llega a cubrir la depreciación de la moneda, ocasionando un perjuicio directo e inmediato al derecho de propiedad del acreedor, y un enriquecimiento sin causa al deudor.

A mi ver el art. 768 inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación que habilita la utilización de intereses bancarios, autoriza el ajuste del capital, si no por vía de la acumulación periódica de los intereses devengados en las distintas imposiciones - metodología descartada por la Corte-, al menos por acción de los índices de ajuste habilitados en distintas reglamentaciones del BCRA. En efecto, el criterio del inciso c) del artículo 768 pudiera parecer ser simplista (y de ese modo se lo ha aplicado -tal vez erróneamente en el caso de las tasas efectivas anuales, TEA, Acta 2658 CNAT-). Sin embargo las normativas del BCRA que están destinadas a reglamentar las relaciones crediticias entre las entidades financieras con sus clientes son bastante más complejas y en poco se parecen a las relaciones que se dan entre particulares y menos aún representan una alternativa a la que pudiera acudir un trabajador desempleado. La solidez y complejidad técnica en la aplicación práctica en ciertas imposiciones bancarias o del circuito financiero parece asegurar un mínimo de razonabilidad al incluir métodos de ajuste vinculados -en parte- a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Desde tal posicionamiento es que he compartido la solución propuesta por mis estimados colegas en el Acuerdo General de fecha 13/3/2024 al cual refiriera.

VI- Sin embargo no puedo soslayar que en el presente el Superior Tribunal ha invocado en forma expresa lo dispuesto en el art. 771 CCCN -aunque sin hacerse cargo de la resolución emitida al respecto por la anterior Sala interviniente- y ha señalado que el porcentaje de incremento que deriva de la aplicación de las capitalizaciones dispuestas en el Acta 2764 CNAT arrojan un resultado "manifiestamente desproporcionado" y "exceden cualquier parámetro de ponderación razonable", lo que impone a mi ver verificar en esta instancia el resultado económico al que se arribaría aplicando las pautas previstas en la última decisión reglamentaria dictada al respecto.

Para mantener la uniformidad en los valores comparables, he de practicar aquí el cálculo a la fecha de la sentencia del Superior Tribunal que descalificara el fallo emitido por la Sala IX, puesto que a dicha fecha he recurrido para la evaluación comparativa antes efectuada.

Como lo referimos anteriormente, por aplicación lineal de las tasas de interés de las Actas 2601, 2630 y 2658 CNAT (conf. sentencia de primera instancia) el monto al que se arriba al 29/2/24 es de $ 15.937.604,42 -que, como vimos, no supera el 20% del crédito nominal fijado en cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles y, a su vez, apenas representa un 10% del total debido actualizado por IPC -$ 148.523.741,56, conforme calculadoradeinflación.com-.

Si aplicamos CER más un interés puro del 6% anual de conformidad con los lineamiento de las Actas 2783 y 2784, el monto al 29/2/2024 -conforme el aplicativo elaborado por la oficina de informática de esta Cámara- alcanza la cantidad de $ 200.263.848,43.

Si bien esta suma resulta inferior a la derivada del método descartado por el Superior (conf. Acta 2764 arrojaría al 29/2/24 la cantidad de $ 222.746.670,59) y representa a mi ver adecuadamente -y no de manera exorbitante o irracional- el valor actual de los créditos salariales e indemnizatorios reconocidos en favor del Sr. Oliva en el caso, no puedo dejar de advertir que en el particular la Sala IX ha fijado de antemano una pauta de morigeración en uso de las facultades conferidas por el art 771 CCCN; que en tal aspecto la sentencia en crisis fue recurrida por la parte actora, y que la Corte al no pronunciarse al respecto -aspecto directamente omitido en sus consideraciones- ha dejado firme o al menos incuestionado tal aspecto, lo que me lleva a propiciar mantenerla porque efectuado el cálculo en base al índice RIPTE (conf. metodología prevista en las leyes 24241 y 26417) más un interés puro del 7% anual se llega a una suma inferior (de $ 153.792.185,26 -también a valores del 29/2/24-).

Aclaro que aunque los términos en que se ha expedido el Tribunal Superior en el presente caso admitirían interpretar que se ha descartado también esa suerte de "tope" que de antemano dispusieran mis estimados colegas de la Sala IX al definir con notoria anterioridad a la fecha de pago una pauta de "morigeración" particular -temperamento que no he compartido en atención a la excesiva variabilidad de los factores en juego y el tiempo que puede llegar a insumir la etapa ejecutoria, ver entre otros, sentencia dictada en autos "Barrios Rodas, Ramon Javier c/Martelener S.A. y otros s/despido", Expte 30927/2019 del registro de esta Sala-; no me resulta posible soslayar que la parte actora afectada no ha cuestionado tal tópico por vía extraordinaria y que, pese a incluirse en la decisión involucrada en el recurso extraordinario habilitado, la Corte no la ha descalificado en forma expresa -ya sea por involuntaria omisión o por no advertirla lesiva del derecho de propiedad que se alega como conculcado-, por lo que he de interpretar que lo decidido con base en el art. 771 CCCN por la Sala IX de esta Cámara se encuentra firme.

VII- Frente a ello, y pese a considerar que la aplicación de los intereses establecidos por esta Cámara en el Acta 2783 no arrojan resultados desproporcionados, irrazonables o de modo evidente exceden -a la fecha de comparación elegida- las que pudieran considerarse pautas de "ponderación razonable", para adecuar la presente decisión a los lineamientos fijados por el Superior en el particular caso de autos, estimo que debe mantenerse el límite establecido por la Sala IX en su sentencia del 6/7/24 en tanto se ha advertido que la aplicación de los intereses correspondientes -y que estimo aplicables- exceden lo que resulta de aplicar sobre el monto nominal de condena el índice RIPTE más un interés puro del 7% anual desde que cada crédito se ha hecho exigible hasta su efectivo pago.

Consecuentemente, de prosperar mi voto corresponde 1) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el capital de condena a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.107.531,75.-), que llevará los intereses establecidos en el presente pronunciamiento con la limitación dispuesta en el considerando VI de este voto, 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera materia de apelación y agravios. 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia. 4) Imponer las costas de primera instancia a la demandada. 5) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, y del Sr. perito contador en el 16%, 14% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto total de condena (capital e intereses). 6) Costas de la Alzada a cargo de la demandada. 7) Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regula/r los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 30% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

Liminarmente debo destacar, con respecto a lo resuelto por la CSJN en su decisorio del 29/2/2024, que desde la génesis de lo que resultaría ser el Acta CNAT n.° 2764, si bien compartí la motivación -que no era otra que intentar establecer una pauta que evitara la licuación del poder adquisitivo de los créditos laborales por el transcurso del tiempo y la inexorable influencia del crónico fenómeno inflacionario nacional-, estuve en desacuerdo con la propuesta de interpretación de lo normado en el art. 770 inc. b) del CCyC.

Así, desde mi primer voto en torno al punto (realizado in re "Martínez Nélida Noemí y otros c/ Agrest s/ despido", Expte. n.° 23.509/2019, SD del 19/9/22) sostuve que la cuestión relativa a mantener el poder adquisitivo de los créditos "ha venido siendo abordada por esta CNAT a través de las sugerencias de distintas tasas de interés formuladas en las Actas n.° 2601, 2630 y 2658 -según los períodos que cada una involucra- con el propósito de evitar la dispersión de criterios y unificar posiciones. Ello así ante la facultad que asiste a cada juez de fijar la tasa de interés aplicable e -insisto- con el propósito de evitar que se fijaran diferentes tasas con diferentes porcentajes de interés. El Acta 2764 de la CNAT -del 7/9/22- difiere de esa metodología, confirmando las tasas emergentes de las Actas anteriores, pero sugiriendo un modo de aplicación de la capitalización imperativamente dispuesta por el art. 770 inc. b) del CCyC que involucra una periodicidad no prevista en la norma" y, en orden a ello, propuse que "los créditos objeto de condena devenguen intereses desde que cada suma es debida, de conformidad con las tasas dispuestas por esta CNAT mediante Actas 2601, 2630 y 2658, hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda (en el caso de litisconsorcio pasivo, la del primer perfeccionamiento de la notificación a cualquiera de los litisconsortes, con indiferencia de cuál de ellos se trate), momento en el cual se procederá a su acumulación al capital (art. 770, inciso b CCyC -en los devengados de allí en adelante-). El nuevo importe así obtenido, con los intereses capitalizados, continuará devengando accesorios a las tasas mencionadas, hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 770, inciso c) del CCyC".

Mi discrepancia -como surge de lo transcripto- resultaba derivación directa de no compartir la metodología elegida ni la interpretación realizada, no obstante coincidir - insisto- con la imperiosa necesidad de introducir una variación en el sistema aplicable para intentar evitar la licuación de los créditos laborales que estaba teniendo lugar de manera grosera.

Aclarado esto, disiento de la consideración realizada por mi colega preopinante en la parte final del punto VI de su voto, en relación con la firmeza con la que habría arribado la cuestión relativa al tope fijado por la Sala IX de esta CNAT -en su Sentencia Definitiva del 6/7/2023- al resultado de aplicar la sugerencia del Acta n.° 2764. En mi opinión ese tope era accesorio de aquello a lo que le ponía límite, y no tenía -por ende- existencia autónoma. No puedo evitar preguntarme ¿qué es un tope si desaparece aquello sobre lo que estaba destinado a operar? Y contestarme: nada; lo mismo que el techo de una casa si esta desaparece. Entiendo que la resolución de la CSJN, que desestimó la validez de la interpretación realizada en el Acta CNAT n.° 2764 no sólo dejó sin efecto su aplicación en estos actuados, sino -aún cuando no haya existido agravio ni análisis ni resolución expresa al respecto- también, indefectible e ineludiblemente, el tope al resultado de la aplicación de aquélla (en concreto: la aplicación del índice RIPTE -según publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- más una tasa de interés anual del 7%).

Estamos, a mi ver, convocados a resolver esa puntual cuestión sobre la que operó el decisorio de la CSJN al dejar sin efecto la aplicación del Acta CNAT n.° 2764, y a establecer un método tendiente a preservar el poder adquisitivo del crédito en su remplazo.

En tal orden de ideas tengo para mí que es menester disponer lo necesario para preservar el poder adquisitivo de los créditos de naturaleza laboral y alimentaria, en tanto la Constitución Nacional impone a los jueces el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución (art. 116) y, como consecuencia, de ello, el deber de proteger el trabajo en sus diversas formas, de manera que se le garantice al trabajador una retribución justa y la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis).

Desde abril de 1991 (entrada en vigencia de la ley 23928, con las modificaciones introducidas posteriormente por la ley 25561) se encuentra prohibida en nuestro sistema normativo la actualización de créditos. Si bien la cantidad de excepciones a dicha regla es tan numerosa que lleva a dudar que siga siendo una verdadera regla, la constitucionalidad de la prohibición ha venido siendo sistemáticamente convalidada por la CSJN (en la causa "Massolo, Alberto Jorge c/ Transportes del Tejar S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios", Fallos: 333:447 y en la causa Puente Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/ despido", Fallos: 339:1583, entre muchas otras).

Con diferentes enfoques y soluciones en distintas jurisdicciones, y con variaciones en el tiempo dentro de cada jurisdicción según la tasa de inflación fue variando entre alta, muy alta o descomunal, los jueces hemos ido echando mano a las facultades conferidas por el Código Civil -antes- y el Código Civil y Comercial -después y hasta ahora- en materia de fijación de intereses, para por esa vía intentar proteger el poder adquisitivo de los créditos laborales y compensar al trabajador por la privación del uso del capital. Esto provocó que según la jurisdicción y la época los criterios aplicados hayan sido -y sean- notoriamente dispares, generando no sólo inseguridad jurídica y litigiosidad, sino también  imprevisibilidad. Y la previsibilidad es un valor que debe ser cultivado porque no sólo contribuye a facilitar la vida del ciudadano de a pie, sino también la actuación en el giro comercial de las empresas. Uno de los tantos elementos que resulta necesario considerar si se quiere promover la generación de empleo genuino, regular y estable en la actividad privada es la previsibilidad (mucho más necesario y útil, por supuesto, que el abaratamiento del despido, la desprotección contra el despido arbitrario y la legalización del empleo clandestino). Más allá de las facultades lógicamente conferidas a los magistrados en materia de fijación de intereses, de lege ferenda considero fuertemente recomendable que se legisle en torno al punto; la seguridad jurídica ganada con ello superaría enormemente al disvalor de agregar tan sólo una excepción más a las innumerables que tiene la prohibición de actualizar créditos.

No se me escapa que al resolver como lo hizo la CSJN también sostuvo (considerandos 4° y 6°) que con la decisión de la Sala IX se "arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento". Más allá de lo que más adelante diré acerca de la facultad conferida por el art. 771 CCyC para los supuestos de "desproporción", no puedo soslayar que al así decir el tribunal cimero no alude a pauta alguna idónea para mensurar la "proporción", más allá de puntualizar el porcentaje de incremento del capital resultante de aplicar lo resuelto por la Sala IX en su decisorio, pero -insisto- sin indicar una pauta objetiva de comparación que permita determinar que del resultado se hubiere seguido un enriquecimiento sin causa del acreedor.

El máximo tribunal se ha pronunciado sobre la doctrina de la desproporción en el precedente "Bonet, Patricia Gabriela por sí y en rep. hijos menores c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/ accidente - acción civil" (Fallos: 342:162), en el que descalificó la sentencia de la Sala III de esta misma Cámara porque -a su entender- la aplicación automática de las tasas de interés arrojaban un resultado desproporcionado.

En esa oportunidad estipuló que "esa desproporción se comprueba per se dado el empleo de una elevada tasa de interés sin tomarse en consideración que la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento. Si ello no opera así, como ocurre en el sub lite, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (Fallos: 323:2562; 319:351; 316:1972; 315:2558; 326: 259, entre otros)", y también que "en este preciso caso no se tuvo en cuenta que la aplicación irrazonada del Acta y la tasa de interés a la cual refiere generó un importe que carece de proporción y razonabilidad e importa un apartamiento palmario de la realidad económica imperante al momento del dictado de la sentencia".

En el precedente de referencia, así como en otros en que la CSJN aplicó este criterio, no estableció la pauta de la proporción. Es decir, contra qué valores debería contrastarse el resultado de aplicar los mecanismos decididos por esta Cámara en sus distintas Actas.

Soy de la opinión de que la variación del índice de precios al consumidor, que mide los incrementos de los precios de los productos que integran la canasta básica, es un parámetro objetivo que puede servir como guía para establecer la medida de la "proporción".

Ello así, pues como lo ha sostenido históricamente la jurisprudencia -incluso la del máximo tribunal- los créditos laborales tienen naturaleza alimentaria. Estos tienen como primer fin garantizar la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar a través de la compra de bienes y servicios.

A raíz de lo expuesto, el IPC (en sus distintas denominaciones) es el -sino el único, uno de los pocos- parámetro que puede servir como pauta objetiva de comparación para constatar la pérdida de poder adquisitivo del capital adeudado al trabajador.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no se mantuvo ajena al elevado incremento de precios existente en los últimos años, y como consecuencia de los resuelto por la CSJN en estos actuados el 29/2/24, por medio de las Actas n.° 2783 y 2784 sus integrantes decidimos dejar sin efecto al Acta n.° 2764 y sugerir "adecuar los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago; disponer que la única capitalización del artículo 770 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación se produce a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual".

Volviendo al punto de la desproporción, la CSJN resolvió en esta misma causa que "el capital de condena expresado al 27 de febrero de 2015 arrojaba un total de $2.107.531,75 y, conforme surge de las actuaciones principales, el 24 de noviembre de 2023 se aprobó una liquidación con capitalizaciones anuales progresivas de intereses que elevó año a año la condena hasta llegar a un total de $165.342.185,66, lo que representa un incremento del capital del 7.745,30%. De tal manera, las acumulaciones de intereses cuestionadas implicaron multiplicar de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas y excedieron sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable (cfr. pauta del artículo 771 del mismo código)".

Una pequeña digresión relativa a la facultad conferida por el art. 771 del CPCCN; considero que no debe ser ejercida apriorísticamente, sino una vez realizada la liquidación y comprobado en el caso concreto su resultado (y por parte del juez o tribunal legitimado para ello, ya que el juez de primera instancia no podría, por esta vía, modificar la sentencia dictada por la alzada). Es de destacar que la norma establece que "(l)os jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos". Ante las variaciones que puede sufrir el poder adquisitivo del capital -desde el devengamiento del crédito, superada la sentencia de primera instancia y la eventual intervención de la alzada y hasta la liquidación- durante el tiempo y como consecuencia de la errática (aunque siempre excesivamente elevada) inflación, ese potencial "exceso" sólo puede ser adecuadamente evaluado después de practicada la liquidación; esto se ve corroborado por el segundo párrafo de la norma transcripta. Lógica consecuencia de esto es que entienda improcedente ejercer la mentada facultad al mismo tiempo que se determina la metodología destinada a preservar el poder adquisitivo del crédito.

Como dije antes, propongo tomar como pauta objetiva de referencia la variación del índice de precios al consumidor, al que adicionaré un interés puro del 6% anual, siguiendo los criterios expuestos por el máximo tribunal (Fallos: 283:235, 311:1249, entre muchos otros). Los intereses resultarán capitalizables una única vez como lo impone el art. 770 inc. b) del CCyC. En el sub lite, el crédito se devengó el 27/2/15 y la notificación del traslado de demanda tuvo lugar el 15/6/16.

A fin de realizar el cálculo pertinente, utilizaré la información brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para los periodos en los que no se ha medido la variable en consideración tomaré el índice oficial que midió la variación de precios al consumidor a nivel nacional -sea cual fuere la denominación que haya adoptado (IPC, IPCNu, IPC-GBA, etc.)-, y durante los meses en que los que no se midió por parte del INDEC tal variación, utilizaré el denominado "IPC alternativo" de la siguiente forma: para los meses de noviembre de 2015, diciembre de 2015 y enero de 2016 utilizaré la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA) (conforme al criterio seguido por el Estado Nacional en las resoluciones n.° 5/2016, 17/2016 y 45/2016 del MHyFP) y para los meses de febrero, marzo y abril de 2016 utilizaré la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de San Luis publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de dicha provincia (conforme al criterio seguido por el Estado Nacional en las resoluciones n.° 100/2016, n.° 152/2016 y n.° 187/2016 del MHyFP).

De aplicarse la pauta expuesta, el crédito de autos de $2.107.531,75 ascendería a la fecha de la liquidación aprobada (24/11/2023) a la suma de $139.521.312,20, un importe claramente menor al que arrojó el cálculo realizado bajo los parámetros del Acta n.° 2764 de la CNAT ($165.342.185,66).

Así, considerando la pauta objetiva antes señalada, el crédito en cuestión sufriría un incremento del 6.620,12%, que va de la mano con el incremento de los precios de los bienes de la canasta básica en el periodo en cuestión.

No está por demás señalar que lo que torna tan elevado el número, que a primera vista puede resultar llamativo, no es la aplicación del índice en cuestión, sino la elevada y crónica inflación nacional y los más de ocho años que ha insumido la tramitación de este pleito que, como bien destaca el Dr. Rosatti en su voto en disidencia en la causa "Bonet", impactan inexorablemente en el monto final del juicio.

Ahora bien, de estar a los parámetros sentados por esta CNAT en las Actas n.° 2783 y 2784, el cálculo realizado a la fecha de la liquidación que la CSJN utilizó como referencia (24/11/2023, a fin de comparar valores homogéneos), se obtiene como resultado la suma $120.886.691,92, un importe inferior al que correspondería de aplicar la pauta de proporción establecida con anterioridad.

De estar a ello, el crédito se incrementaría un 5.735,93%, porcentaje sustancialmente menor que el resultante de aplicarse la pauta objetiva de referencia sobre cuya construcción me he extendido para alejar mi propuesta lo más posible de la discrecionalidad.

Por ello, propongo aplicar en el caso de autos lo sugerido mediante las Actas CNAT n.° 2783 y 2784 y "adecuar los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago; disponer que la única capitalización del artículo 770 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación se produce a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual".

Dado que -en definitiva- esta decisión se adopta en el contexto de la apelación oportunamente deducida por el señor Oliva -ya tratada y resuelta en su parte principal-, no corresponde adoptar una nueva decisión en materia de costas y regulaciones de honorarios por esta nueva intervención de la Alzada -ceñida únicamente, por instrucción de la Corte Federal, a la cuestión de los intereses y de la adecuación del capital de condena. Cabe estar a lo oportunamente resuelto -sobre ambos puntos- por la Sala IX del fuero.

Con sustento en todo lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: Establecer que el capital de condena fijado por la Sala IX se le aplique lo sugerido mediante las Actas CNAT n.° 2783 y 2784 y "adecuar los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago; disponer que la única capitalización del artículo 770 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación se produce a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual".

El Dr. Manuel Díez Selva dijo:

Sin perjuicio de mi general y habitual adhesión como vocal de la Sala IV de esta Cámara a aquello que se dispuso mediante las Actas 2783 y 2784, analizadas las constancias de autos, en el ajustado marco de la discrepancia surgida entre mis distinguidos colegas, la Dra. Andrea E. García Vior y el Dr. José Alejandro Sudera, en el presente caso específico, atento a sus particulares circunstancias y en los estrictos términos propios de las cuestiones recurridas y las propuestas sugeridas en los votos preopinantes, por considerar que se adecua más ajustadamente a lo decidido en estas actuaciones por el Alto Tribunal en su pronunciamiento de fecha 29/02/2024, he de adherir a la propuesta de la Dra. García Vior.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el capital de condena a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.107.531,75.-), que llevará los intereses establecidos en el presente pronunciamiento con la limitación dispuesta en el considerando VI del voto de la Dra. García Vior, 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera materia de apelación y agravios. 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia. 4) Imponer las costas de primera instancia a la demandada. 5) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, y del Sr. perito contador en el 16%, 14% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto total de condena (capital e intereses). 6) Costas de la Alzada a cargo de la demandada. 7) Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regula/r los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 30% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Manuel Díez Selva - José Alejandro Sudera - Andrea E. García Vior